Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia, que estimó la demanda presentada para reclamar a la entidad financiera demandada la restitución de cargos efectuados en la cuenta del demandante sin su autorización. El tribunal de apelación desestimó el recurso de apelación y confirmó la sentencia recurrida. Expone el tribunal los criterios que aplica en relación con defraudaciones cometidas al conseguir que el consumidor facilite sus claves personales en la confianza de que está comunicándose con la entidad financiera. Afirma el tribunal que la conducta del consumidor no se puede calificar como negligencia grave, y que la responsabilidad de la entidad financiera en estos casos es cuasiobjetiva y solo la puede eludir en caso de culpa grave del usuario de los servicios de pago. En el caso concreto, el usuario recibió mensaje SMS a través del número de teléfono en el que recibe los que le remite su entidad bancaria, sin que pudiera verificar la suplantación, lo que le ofreció la confianza que dio lugar a la utilización de sus claves para realizar los actos defraudatorios. Aunque se admite negligencia por parte del demandante, no se califica como grave, por lo que la prestadora de servicios de pago debe responder por el acto de disposición fraudulenta y restituir la suma dispuesta a favor de aquel.
Resumen: Se ejercitaba un acción de reclamación del saldo deudor de dos contratos de préstamo. El Juzgado rechazó que los intereses pactados fueran usurarios y, en el recurso, se insiste en su falta de transparencia. Previamente, en dos procedimientos distintos, se habían declarado nulas sendas cláusulas de vencimiento anticipado. Frente a la alegada incongruencia, la Sala señala que no se puede pretender que el Juzgado proceda analizar todas y cada una de las cláusulas de los contratos objeto de debate, cuando la parte que ha tenido oportunidad de oponer que cláusulas considera nulas por abusivas, no concreta las mismas e impidiendo a la otra parte hacer alegaciones al respecto. Y, respecto a la cuestión de la usura señala que no se trata d una tarjeta de crédito revolving, y no es de aplicación la sentencia del Tribunal Supremo, sentencia del pleno de 15 febrero 2023, aplicable a tarjetas y créditos revolving, sino que ha de atenderse al interés medio para créditos al consumo a más de 1 año y menos de 5 años fijado por en las estadísticas publicadas por el Banco de España para el año 2018, que era del 7,98 %, mientras que el pactado lo era de un 9,95% TAE. Los préstamos al consumo no tienen ninguna garantía, el interés pactado es superior a un préstamo garantizado, como es el préstamo hipotecario. Y es criterio de la Sala considerar como usurario el interés pactado en un préstamo al consumo cuando el mismo supere en más del doble el interés normal del dinero. Desestima el recurso.
Resumen: Reiteración de jurisprudencia. Demanda en la que se solicitaba indemnización de daños causados por la infracción del Derecho de la competencia en el cártel de los camiones. Contrato de leasing. La sala estima el recurso extraordinario por infracción procesal contra una sentencia en la que que se había estimado la demanda asumiendo plenamente el dictamen pericial aportado por la actora. La sala reitera que el informe pericial es bastante a efectos de considerar suficiente el esfuerzo probatorio sobre la existencia del daño. Ahora bien, el informe presentado resulta inadecuado para establecer una concreta indemnización, motivo por el que ha habido un error patente en su valoración. Se anula la sentencia y se dicta una nueva en la que la sala aplica su jurisprudencia sobre la presunción del daño y su estimación judicial (en concreto y entre otras, la de las SSTS 372/2024, de 14 de marzo, y 1042/2024, de 22 de julio). Identifica la fecha del devengo de los intereses en caso de financiación mediante leasing con la fecha de adquisición. Reconoce la legitimación activa del adquirente mediante contrato de leasing.
Resumen: Reproducción de la doctrina de las STS 580/2020 y 581/2020 sobre novación de cláusulas suelo. La jurisprudencia del TJUE admite la posibilidad de que una cláusula potencialmente nula pueda ser modificada por las partes con posterioridad, pero si esta modificación no ha sido negociada deberá superar el control de transparencia. El acuerdo novatorio supera el control de transparencia en atención a que fue adoptado cuando ya se había publicado la STS de 9-5-2013 y existía un conocimiento generalizado sobre la cláusula suelo; los prestatarios realizaron una transcripción manuscrita en la afirman ser conscientes y entender que el tipo de interés de su préstamo nunca bajará del 1,75 por ciento, que resalta la existencia y contenido de la cláusula suelo; la sencillez y claridad de los términos en los que está redactada la novación; la fácil comprensión por un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, de las consecuencias jurídicas y económicas que supone el mantenimiento de una cláusula suelo en su préstamo más baja que la contenida originariamente en la escritura de préstamo, en un sistema de interés variable. Las costas de primera instancia se imponen al banco, pese a la estimación parcial de la demanda, de acuerdo con la doctrina del TJUE.
Resumen: El demandante, titular de una cuenta bancaria en la entidad demandada, sostiene que las cuatro transferencias que se cargaron en su cuenta en la misma fecha fueron ordenadas por un suplantador que obtuvo sus datos al responder a un SMS que aparentaba proceder de la entidad bancaria, similar a otros anteriores. El actor puso su terminal a disposición del banco y de sus técnicos de seguridad para que indagasen sobre el origen de la defraudación. La entidad bancaria está obligada a garantizar la autenticación reforzada de las operaciones, y responde del daño salvo casos de un proceder completamente negligente o fraudulento del perjudicado que "neutralice" la omisión de diligencia debida.
Resumen: Pretender, como argumentan los demandados que, acreditada una situación de pérdida cualificada existente desde finales de 2019, los administradores sociales quedaban eximidos de cualquier deber legal para poner solución a tal situación hasta el 31 de diciembre de 2021, por mor de la aplicación de una normativa excepcional pensada para solventar las dificultades acaecidas como consecuencia de la pandemia, sin ulteriores esfuerzos probatorios acerca de la situación patrimonial de la sociedad al asumir sus cargos, supondría tanto como permitir que durante dos años los administradores de una empresa en situación crítica gozaran de una suerte de impunidad para seguir aumentando la deuda con tercero existente con anterioridad a la crisis sanitaria, sin adoptar medida alguna en tanto en cuanto no se les podría hacer responsables por incumplimiento de sus deberes legales.
Resumen: Frente a la acción cambiaria sustentada en un pagaré vencido firmado por el demandado opone éste el pago acreditado mediante un documento privado extracambiario. Al coincidir las partes litigantes con las de la relación causal subyacente, cabe toda clase de excepciones personales que asistan al obligado. Entre las mismas partes se había seguido previamente un juicio declarativo que tenía por objeto la liquidación del contrato de obra en el seno del cual había sido emitido el efecto, y no es posible por ello considerar debida una suma que en el litigio anterior se consideró saldada. La decisión en el primer proceso sobre la misma cuestión y entre las mismas partes que en el juicio cambiaro excluye la posibilidad de plantearla de nuevo, porque ya es cosa juzgada.
Resumen: Reiteración de jurisprudencia. Demanda en la que se solicitaba indemnización de daños causados por la infracción del Derecho de la competencia en el cártel de los camiones. Contrato de leasing. La sala estima el recurso extraordinario por infracción procesal contra una sentencia en la que que se había estimado la demanda asumiendo plenamente el dictamen pericial aportado por la actora. La sala reitera que el informe pericial es bastante a efectos de considerar suficiente el esfuerzo probatorio sobre la existencia del daño. Ahora bien, el informe presentado resulta inadecuado para establecer una concreta indemnización, motivo por el que ha habido un error patente en su valoración. Se anula la sentencia y se dicta una nueva en la que la sala aplica su jurisprudencia sobre la presunción del daño y su estimación judicial (en concreto y entre otras, la de las SSTS 372/2024, de 14 de marzo, y 1042/2024, de 22 de julio). El importe de la indemnización será el equivalente al 5% del precio de adquisición de los camiones objeto de litigio, con los intereses legales desde la fecha de adquisición. Identifica la fecha del devengo de los intereses en caso de financiación mediante leasing con la fecha de adquisición. Reconoce la legitimación activa del adquirente mediante contrato de leasing.
Resumen: Admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal que no vulnera el principio de igualdad ya que no existe identidad de razón con recursos precedentes inadmitidos. Carácter inadmisible de un motivo de casación por falta de cita en su encabezamiento de la norma sustantiva infringida. Efecto vinculante de las decisiones de la Comisión sobre prácticas infractoras de las normas de la competencia. Acción follow-on que exige partir del examen de la Decisión. Contenido y alcance de la Decisión de la Comisión Europea de 19 de julio de 2016. Presunción del perjuicio. Existencia del daño y relación de causalidad. Circunstancias concretas y significativas que permiten presumir la existencia del daño. Atribución al juez de facultades de estimación del daño. Para decidir si es correcta la estimación judicial del daño hay que valorar si la imposibilidad práctica de valorar el daño se debió a la inactividad del perjudicado. La exhibición de pruebas por el demandado y por terceros. No hay inactividad probatoria de la parte demandante que hiciera improcedente la estimación judicial del daño. Fijación del perjuicio en el 5% del precio de adquisición de los camiones, con los intereses legales desde la fecha de adquisición.
Resumen: Cártel de camiones. Carga de la prueba y extensión de la responsabilidad a la filial demandada. Inexistencia de infracción en la aplicación de presunciones. Valoración ilógica e irrazonable de la prueba pericial del demandante, bastante a efectos de considerar suficiente el esfuerzo probatorio sobre la existencia del daño, que permite acudir a la estimación judicial del daño, pero inadecuado para establecer una concreta indemnización (informe Naider). Efecto vinculante de las decisiones de la Comisión sobre prácticas infractoras de las normas de la competencia. Existencia del daño y relación de causalidad. Circunstancias concretas y significativas que permiten presumir la existencia del daño. Al no existir prueba de que ese daño supere o sea inferior el 5% del precio, porcentaje que la sala considera como importe mínimo del daño, atendidas las circunstancias del cártel y los datos estadísticos, se fija en esa magnitud la indemnización. Legitimación pasiva de filial demandada: formaba parte de la unidad económica, en sentido funcional, que participó en el cártel sancionado por la Decisión en su condición de comercializadora. No puede hablarse de un cambio de título de imputación al apreciar la existencia de unidad de empresa: aunque la filial formalmente no sea destinataria de la Decisión, por formar parte de la unidad económica a quien sí se imputa la conducta colusoria, a estos efectos, puede considerársele responsable de esa conducta.
